Por Ronny Rojas (Noticias Telemundo) y Àngela Cantador (CLIP)
En los juzgados de distrito de México sólo tienen registro de 35 condenas por tráfico de personas entre 2018 y octubre de 2023, según datos del Poder Judicial. La cifra contrasta notablemente en un país que detectó en el mismo periodo a casi dos millones de migrantes indocumentados y donde al menos 19,000 migrantes fueron transportados de manera ilegal y en condiciones inhumanas dentro de 172 camiones de carga, según encontró Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística con otros medios aliados.
En esos seis años, la Fiscalía General de la República de México abrió 105 investigaciones judiciales por tráfico de personas a bordo de tráilers y camiones. La mayoría de casos se dieron por concluidos, aunque la Fiscalía no informó del resultado de cada uno.
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Expertos consultados ven estas cifras como un ejemplo de la inefectividad del sistema judicial en México, y creen que evidencian la impunidad con la que operan las bandas de contrabandistas y la situación de vulnerabilidad de los migrantes que son víctimas de delitos en ese país y las familias de aquellos que perdieron su vida tratando de llegar a EE.UU.
¿Y cómo podrían esperar las familias de las víctimas que se haga justicia en un país con una tasa de impunidad muy alta que afecta a la mayoría de ciudadanos?, se preguntaba Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, durante una entrevista con Noticias Telemundo y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
“Tenemos una tasa de impunidad total. Nuestras instituciones de justicia, especialmente las fiscalías, son aparatos que operan marginalmente o que no operan”, dijo Guillén, quien estuvo al frente del INM durante seis meses entre 2018 y 2019.
Los datos le dan la razón al exfuncionario. En 2022, por ejemplo, solo el 4% de las más de dos millones de investigaciones abiertas por todo tipo de delitos por la Fiscalía General de la República terminaron en un juzgado, es decir, con el visto bueno de un juez de que habían indicios suficientes para llevar a juicio a los presuntos implicados, según un informe del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, publicado en octubre pasado. De hecho, en 87 de cada 100 investigaciones abiertas ese año no hubo personas detenidas, según el mismo estudio.
La ONG ha documentado el rezago del sistema de justicia penal en México desde 2017 y afirma que la impunidad ha alcanzado un nivel promedio superior al 90%, es decir, las instituciones del sistema sólo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen, señala el centro, que considera a las autoridades “poco eficientes”.
“Aunque el flujo de casos que entran al sistema –es decir, que son conocidos por la autoridad– es enorme, el diámetro de la tubería de casos que llegan a la vinculación a proceso o que son canalizados a mecanismos alternativos es pequeñísimo”, señala el informe.
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Guillén cree que uno de los grandes problemas del sistema judicial mexicano es la deficiencia en la etapa de investigación que deriva en casos mal sustentados que se caen al llegar ante los jueces. Según México Evalúa, también faltan recursos y personal capacitado, y el sistema padece de escasa coordinación entre fiscalías y cuerpos policiales.
Con esta realidad de frente, uno de los colectivos que queda más indefenso son los migrantes víctimas de delitos, maltratos y abusos, afirman otros expertos consultados por una alianza de periodistas liderada por Noticias Telemundo, junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Pie de Página y sus aliados Chiapas Paralelo en Chiapas, En un 2x3 de Tamaulipas y periodistas en Veracruz, Contracorriente en Honduras, Plaza Pública en Guatemala, ICIJ en República Dominicana y Bellingcat, que investigaron el peligroso negocio de contrabando de personas a bordo de tráileres en México.
Uno de los casos más dramáticos ocurrió en las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en diciembre de 2021, cuando murieron 56 personas luego de que el tráiler en que viajaban hacinados volcara por exceso de velocidad, chocando contra un puente. Más de dos años han pasado desde el accidente y la investigación judicial por tráfico de personas sigue abierta. No hay sentencias ni resultados para las familias de las víctimas, y de los cuatro presuntos traficantes de personas, conocidos como coyotes, que detuvo la policía mexicana, tres fueron liberados sin cargos y otro sigue bajo investigación, según dijo un abogado actuando en la causa que pidió proteger su identidad.
La abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado, que asesora a migrantes que han sido víctimas de delitos en México, asegura que en sus años trabajando en este tipo de casos se ha topado con todo tipo de fallos: omisiones en los interrogatorios, obstáculos para acceder a los expedientes y deficiencias en los procedimientos, que ella considera más como obstrucciones a las investigaciones.
“Analizando los expedientes te das cuenta que hay grandes huecos de investigación, diligencias que se debieron de hacer en un primer momento pero no se hicieron”, dijo Valdez, que ha trabajado con familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas en la que murieron 72 migrantes a manos del cártel de los Zetas en 2010.
Valdez no oculta sus sospechas de que algunos de los problemas pudieran estar relacionados con casos de presunta corrupción de funcionarios judiciales.
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“Pareciera que (las diligencias) no se hicieron por falta de conocimiento, pero cuando uno ve el expediente se da cuenta que no es eso, sino que se está protegiendo a alguien, se está ocultando algo”, dijo la abogada, sin mencionar un caso específico.
El nivel de percepción de corrupción que tienen los mexicanos sobre las autoridades de justicia penal ha aumentado en años recientes y su confianza en policías, fiscales y jueces, uno de los factores críticos que inciden en la legitimidad de las autoridades y en la disposición de las personas a denunciar los delitos, se ha erosionado, según apunta la ONG México Evalúa. Las policías estatales y municipales, los jueces, el Ministerio Público y las fiscalías locales son vistos como los cuerpos más corruptos, según el estudio de México Evalúa.
El precio de hablar
Denunciar un delito en México siendo migrante no está exento de riesgos. Además de las trabas administrativas, muchos viajeros que son víctimas de delitos optan por no hablar. Bien sea por miedo a represalias por parte de los grupos criminales o por temor a ser deportados si acuden a las autoridades, pues su prioridad sigue siendo llegar a Estados Unidos explica Mónica Oehler, investigadora experta en migración de la oficina de Amnistía Internacional en Ciudad de México.
“Perder el tiempo en hacer una denuncia, lo que implica toda la parte burocrática que eso tiene en México, pues no es algo que les llame la atención, no saben cómo hacerlo”, dijo Oehler. “Ni siquiera está en su cabeza cuando uno les pregunta: ‘¿Y tú denunciaste todo esto?’”. Agrega la investigadora.
A pesar del temor y el desconocimiento, entre 2016 y 2023, poco más de 6,000 personas migrantes reportaron ante las autoridades mexicanas haber sido víctimas de algún delito en su paso por México. Casi la mitad sufrió robos, y 3 de cada 10 personas denunciaron haber sido víctimas de tráfico ilícito, y más de 700 personas denunciaron haber sido víctimas de secuestro, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación.
En el caso del tráfico de migrantes en tráileres, los principales estados por donde transitan estos vehículos no necesariamente son donde más se investiga este delito. Veracruz, Chiapas y Nuevo León, por ejemplo, son los estados donde más tráileres detectaron las autoridades —al menos 106 casos— y donde hubo más muertes de migrantes en estos viajes entre 2016 y 2023, según muestra nuestro análisis. Pero en Veracruz, la Fiscalía General de la República solo abrió tres investigaciones por tráfico de personas a bordo de este tipo de vehículos, mientras que en Chiapas y Nuevo León no hay registro de ninguna investigación a nivel federal, según datos entregados por esa entidad.
Según datos entregados por el Poder Judicial, entre 2016 y octubre de 2023 los juzgados de distrito del país dictaron 58 sentencias por casos de tráfico de personas. De ellas 35 fueron condenas y en los demás casos los acusados fueron absueltos o sobreseídos.
“Es muy raro que ocurran (las denuncias por tráfico ilícito) y es muy raro que el Instituto favorezca el proceso jurídico”, explica Guillén. De su etapa como comisionado, recuerda situaciones “extremas” que reflejan la red de complicidades y complejidades que azotan las instituciones mexicanas.
Uno de los casos que recordó Guillén se dio en Veracruz, en 2019, cuando agentes del Instituto interceptaron un camión que transportaba personas de forma clandestina. Los funcionarios del INM interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público veracruzano y cuando quisieron darle seguimiento a la acusación, el caso “se complicó”, recuerda Guillén. Según el ex comisionado, funcionarios judiciales de Veracruz emplazaron a los agentes migratorios por un presunto mal procedimiento en la detención de los coyotes. “(El caso) se invirtió y ya estaban los agentes del Instituto amenazados por haber hecho un procedimiento incorrecto”, dijo.
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“En vez de que el Ministerio Público subsanara la falla, no lo hace y decide ignorar el evento de tráfico y la presentación misma de las personas (detenidas). Esa situación de "llegar como parte ofendida y terminar como parte ofensora" es un indicador del ambiente en el que se mueven los agentes, agregó Guillén.
El segundo inconveniente que enfrenta la persona migrante víctima o testigo de un delito es la falta de mecanismos de regularización que le permita quedarse en México para participar del proceso judicial. La Ley de Migración vigente dice que toda persona que ha sido víctima de un delito tiene derecho a recibir una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), un documento que permite permanecer en México de forma legal hasta por un año.
Sin embargo, son pocos los viajeros que saben cómo pedir esta tarjeta: “Es una realidad que una vez la persona sale de la estación migratoria, no recibe ningún tipo de acompañamiento o de orientación jurídica para regularizarse. Nada más los liberan a su suerte”, explica Axel González, abogado en la Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana.
Con esta apreciación coincide la abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado, quien afirma que el Instituto Nacional de Migración “nunca” da acompañamiento jurídico a los migrante. “Ni siquiera le explican a la gente cuáles son sus opciones para regularizarse”, dice.
Consultado por estas críticas de los abogados, el Instituto Nacional de Migración no contestó.
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Una valoración que comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Matías: “El único mecanismo (para regularizarse) es pedir refugio. Pero ni nosotros lo entendemos”, resume Brenda Ochoa, quien fue directora de la entidad hasta hace poco. Ella destaca que los requisitos burocráticos cambiantes y poco estandarizados generan una gran confusión en los viajeros. Citó problemas como que las autoridades migratorias destacadas en la frontera con Guatemala no atienden a los solicitantes de refugio —según la agencia para los refugiados de la ONU, los solicitantes tienen derecho a realizar su solicitud desde una agencia migratoria— sino que les remiten a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas, situada a más de 20 kilómetros de la frontera.
Pero esas mismas autoridades no les permiten la entrada al país, explica Ochoa, sino que “prácticamente les inducen a que pasen de manera irregular por el río para que puedan pasar”.
Y si los migrantes logran llegar a la oficina de la Comar, allí se enteran que no les atienden sin una cita, explica Ochoa. “Les orientan hacia otra ruta que también es otra valla, es una situación burocrática porque hay un rezago enorme de solicitudes”, explica la abogada.
“No hay certezas, solo una incertidumbre constante”. Una inquietud que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) detectó a través de encuestas realizadas a personas migrantes en la frontera entre México y Guatemala, entre abril y mayo de 2023.
Según un informe publicado por esta organización, algunas de las razones que llevaron a los viajeros a acercarse a las instituciones mexicanas en el periodo encuestado fue precisamente solicitar información sobre el proceso de regularización, sobre el procedimiento para obtener visas y para averiguar formas seguras de viajar por México.
Desde la Fundación por la Justicia advierten de que además, en los últimos meses, el INM está exigiendo otras condiciones a las personas migrantes para otorgarles la tarjeta, como que estén inscritas como víctimas antes la Comisión Ejecutiva de Atención a la Víctimas (CEAV) , algo que no está estipulado por ley, asegura la abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado. “Les están pidiendo más requisitos cuando la Ley (de Migración) establece que solamente deben de tener el reconocimiento de la calidad de víctima”, explica Valdez.
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Para justificar esta medida, el INM se ha escudado en un aumento de las falsificaciones de estos oficios y en las malas prácticas llevadas a cabo por el Ministerio Público: “Es una aberración, porque si ellos detectan algún acto de corrupción, lo que tendrían que hacer es solicitar a la Fiscalía que investigue y no poner más requisitos a los migrantes”, reflexiona Valdez.
“Por parte del Gobierno, nada”
A dos años del siniestro en Chiapas, la guatemalteca Sandra Coc Mohulds De Yat asegura que no recibieron ningún acompañamiento ni indemnización del Gobierno mexicano. Ella y sus familiares decidieron que no podían esperar más. La vida de esta familia de Río Dulce, en el departamento de Izabal, se truncó el 9 de diciembre de 2021, cuando el tráiler en el que viajaban el esposo, el hermano y el cuñado de Coc Mohulds volcó en las afueras de Tuxtla-Gutiérrez (Chiapas).
A las pocas horas del accidente, su marido la llamó para contarle lo que había pasado. Él y el hermano de Coc Mohulds sobrevivieron. No corrió la misma suerte su cuñado, cuyo nombre figura en la lista de 56 personas que perecieron esa tarde.
Bien pronto, al duelo por la pérdida se le sumaron las preocupaciones por el sustento de la economía familiar, al confirmarse las secuelas físicas y emocionales que el accidente dejó en los parientes de Coc Mohulds: “Mi hermano, lastimosamente, ya no puede trabajar. Directamente él quedó malo, le afectó bastante la caída. Mi marido también estuvo lesionado de un brazo, pero gracias a Dios se recuperó. Seis meses fue que se recuperó, pero sentimental casi al año”, explica.
Ante la falta de acompañamiento por parte de las autoridades mexicanas, Coc Mohulds y su familia decidió buscar asesoramiento legal en México para pelear una indemnización económica del Gobierno mexicano, debido a que su hermano ya no puede trabajar por las lesiones que sufrió en el accidente, así como por la muerte de su cuñado, aunque luego desistieron de la idea. “No se colocó ninguna denuncia porque la verdad ya no, no, no, no se hallaba que hacer en el momento”, explicó.
En 2018, el Gobierno mexicano pagó una indemnización, inédita hasta ese momento, por la muerte de migrantes indocumentados en su territorio. La compensación económica, cuyo monto no trascendió, fue acordada para los familiares de cinco personas que fallecieron y un sobreviviente, todos ecuatorianos, de la masacre de San Fernando. En total, se entregó una compensación a 48 personas, según anunció en ese momento el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de México (CEAV), Sergio Rochín del Rincón.
Según explicó el funcionario a la prensa, la indemnización fue determinada “de acuerdo con los estándares internacionales en la materia en rubros de daño moral, lucro cesante y apoyo de gastos funerarios en los casos correspondientes”.
Pero no todos las víctimas son capaces de iniciar un proceso de ese tipo. “Nos ha llevado duro”, confiesa Coc Mohulds y asegura que durante todo el proceso el único acompañamiento que recibieron sus familiares accidentados fueron los primeros auxilios en el lugar del siniestro.
“Atención médica sí, ‘seño’. Pero económica, no. Nada, nada, ni tan siquiera en ayudarnos, nadie. El traslado, como pudimos. Las personas acá de buen corazón reunieron un dinero para ir a traerlos (...) Por parte del gobierno, nada”, revela.
“No te van a dar protección (las instituciones), salvo excepciones. No están en ese tono”, concluyó Guillén.
Noticias Telemundo realizó esta investigación colectiva en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto a Pie de Página y sus aliados Chiapas Paralelo, En un 2x3 Tamaulipas y reporteros en Veracruz, Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, ICIJ en República Dominicana y Bellingcat.
Vea nuestra investigación colectiva en español e inglés. Y todos los trabajos del especial de Tráileres, trampa para migrantes.