Antes de la administración de Bukele, ningún gobierno había logrado desarticular las infames y peligrosas pandillas del país.
Desde principios de la década de los 2000, las fuerzas de seguridad han detenido a sus miembros en masa. Los políticos enviaron oleadas de policías y soldados a las calles para desalojar a las pandillas de las comunidades urbanas pobres donde el gobierno había perdido el control y adoptaron políticas de mano dura.
*Este artículo forma parte de una investigación de seis partes, “El (perpetuo) estado de excepción de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele dominó a las pandillas”. InSight Crime pasó nueve meses analizando cómo la implacable represión estatal ha debilitado a las conocidas pandillas del país, la MS13 y dos facciones del Barrio 18. Descargue el informe completo o lea los otros capítulos de la investigación aquí.
Pero los logros no duraron mucho. Las pandillas —principalmente la Mara Salvatrucha (MS13) o las dos facciones del Barrio 18— siempre habían encontrado la forma de reagruparse, contraatacar o reorganizar sus estructuras para operar bajo una mayor presión.
Eso ha cambiado.
En marzo de 2022, el gobierno de Bukele lanzó una ofensiva histórica, decretando un régimen de excepción que, durante los últimos 20 meses, ha dado a su gobierno rienda suelta en su guerra contra las pandillas.
El régimen de excepción ha logrado detener a una parte considerable de los miembros y colaboradores de las pandillas en las calles. Ha interrumpido sus comunicaciones. Ha dificultado su capacidad para gestionar negocios de extorsión o tráfico de drogas, sus principales fuentes de ingresos. Ha desactivado su estructura de mando y ha trastocado sus jerarquías. Ha inhibido temporalmente su capacidad de organizar una respuesta colectiva. En otras palabras, los ha dejado tambaleándose.
Su eficiencia ha dejado a muchos analistas preguntándose por qué las políticas de seguridad de mano dura han funcionado de repente tras años de fracasos. A continuación, InSight Crime analiza cómo la mano dura de Bukele ha conseguido doblegar a las pandillas de El Salvador y el impacto que la campaña de su gobierno ha tenido en las estructuras pandilleras que antaño dominaban el panorama criminal del país.
Medidas legales extremas y poder político
La clave del relativo éxito de Bukele en debilitar las estructuras de las pandillas descansa en tres pilares fundamentales: el uso de medidas legales extremas; una interpretación más laxa de lo que significa pertenecer a una pandilla; y la concentración del poder político en torno a su administración.
La ofensiva comenzó con la promulgación del régimen de excepción, una medida legal diseñada para su uso temporal en respuesta a acontecimientos catastróficos, como terremotos y pandemias. Ningún gobierno salvadoreño había recurrido nunca a esta vía para hacer frente a las pandillas. Pero tras una serie de brutales masacres perpetradas por las pandillas a finales de marzo de 2022, que causaron 87 muertes, los legisladores afines a Bukele aprobaron la petición del presidente de decretar el estado de excepción durante un mes. Para noviembre de 2023, la medida se ha prorrogado durante 20 meses consecutivos y se espera que se renueve en diciembre.
El régimen de excepción priva a los salvadoreños de derechos constitucionales básicos, como el derecho a la defensa legal y la libertad de movimiento, al tiempo que flexibilizan las normas sobre detenciones y permiten al Estado interceptar las comunicaciones de los civiles.
Estos poderes de emergencia han permitido a las fuerzas de seguridad llevar a cabo una guerra relámpago contra las pandillas, deteniendo a miembros y presuntos colaboradores sin orden de captura o basados en denuncias anónimas y, por extensión, a un ritmo mucho más rápido y con mucha menos discreción que en anteriores operaciones. En total, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 33.000 personas en los dos primeros meses del régimen de excepción, según datos de inteligencia policial a los que InSight Crime tuvo acceso.
“Eran demasiados soldados en todos lados al mismo tiempo”, dijo un miembro activo de una pandilla a InSight Crime.
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El régimen de excepción ha suspendido los derechos constitucionales a la defensa, lo que significa que los detenidos pueden permanecer recluidos indefinidamente por cargos imprecisos, sin necesidad de una orden de detención ni de pruebas que respalden las acusaciones penales. En virtud de las leyes de excepción, los detenidos también pierden el derecho a comparecer ante un tribunal en las 72 horas siguientes a su detención. Las detenciones se han basado en datos de inteligencia no corroborados, rumores e información extraída de perfiles de redes sociales.
Paradójicamente, este es el aspecto más preocupante y eficaz de esta represión.
La administración de Bukele también ha implementado nuevas leyes diseñadas para mantener a los pandilleros tras las rejas. En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que aumentaban las penas de cárcel por pertenecer a pandillas y eliminaban la posibilidad de arresto domiciliario para los detenidos que pertenecieran a “grupos terroristas”. Las pandillas son consideradas organizaciones terroristas por la legislación salvadoreña. Las reformas también rebajaron a 12 años la edad a la que se puede juzgar a las personas por delitos relacionados con las pandillas.
Al mismo tiempo, la administración ha reformado leyes antipandillas existentes con el objetivo de aplicarlas a un abanico más amplio de personas. En particular, el 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa modificó la ley sobre agrupaciones ilícitas, ampliando su rango de aplicación para incluir a cualquiera que “promueva, ayude, facilite o favorezca” las actividades de una organización delictiva. De hecho, la ley, que ya tenía un alcance amplio, otorga ahora a las autoridades el poder de detener no solo a los presuntos miembros, u homeboys, sino también a los aspirantes a miembros (chequeos) y a los presuntos “colaboradores”.
El gobierno no proporciona una definición clara de ninguno de estos roles, ni tampoco la metodología sobre cómo deduce quién es miembro, quién es aspirante a miembro y quién es colaborador. No obstante, esto sirve como pretexto para realizar las detenciones en el actual régimen de excepción. Por ejemplo, en enero de 2023, Human Rights Watch y Cristosal, citando una base de datos gubernamental filtrada, afirmaron que 39.000 de las 61.000 personas que habían sido encarceladas bajo el estado de excepción en ese momento habían sido detenidas por asociación ilícita.
Los intentos anteriores de aplicar esta ley encontraron impedimentos legales en los tribunales, y a la policía le preocupaba la posibilidad de ser procesados si detenían arbitrariamente a sospechosos en masa. Un funcionario de la policía de San Miguel, por ejemplo, dijo que él y sus colegas hablaron con dos jueces para comprobar si podían sufrir futuras represalias legales por firmar órdenes de detención basadas en cargos ambiguos que pudieran violar los derechos humanos. Tras recibir garantías de los jueces, el funcionario afirmó que su unidad procedió a detener a cientos de sospechosos.
Gran parte de los esfuerzos de la administración dependen de un control casi total de diversas partes del gobierno. El partido de Bukele, Nuevas Ideas, utilizó su mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa para promulgar el régimen de excepción y ha seguido prolongándolo. Los legisladores leales a Bukele también aprobaron las reformas legales relacionadas con la represión. Además, la Asamblea Legislativa depuró el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces y nombrando a más de 150 sustitutos, muchos de ellos vinculados al gobierno de Bukele, según una investigación de la Revista Factum.
Los tribunales han guardado silencio ante las denuncias generalizadas de abusos del Estado, especialmente en lo relativo al debido proceso. La Fiscalía General, que también está fuertemente alineada con el gobierno de Bukele, ha trabajado conjuntamente con las fuerzas de seguridad para facilitar detenciones masivas basadas en pruebas poco sólidas o inexistentes.
¿Cómo ha superado el régimen de excepción a las anteriores medidas de mano dura?
| Herrramientas | Resultados |
|---|---|
| Medidas legales de emergencia promulgadas por el régimen de excepción (suspensión de derechos constitucionales): – Permite detenciones sin orden judicial. – Aumenta el tiempo que los detenidos pueden estar retenidos sin comparecer ante un juez. – Elimina la garantía de abogado defensor o de ser informado del motivo de la detención. – Permite al Gobierno interceptar comunicaciones de civiles. – Las fuerzas de seguridad pueden establecer controles y barricadas para restringir la libertad de movimiento. Reformas legales relacionadas: – Las reformas legales aumentan las penas de prisión por pertenencia a pandillas y eliminan la prisión preventiva por delitos relacionados con pandillas. – Las nuevas leyes permiten juzgar a menores de 12 años por delitos relacionados con pandillas. | – Las autoridades pueden realizar detenciones con mayor rapidez que en operaciones anteriores. – Los miembros y colaboradores de las pandillas permanecen en prisión durante más tiempo, ya que las medidas de emergencia permiten que permanezcan detenidos sin cargos formales ni juicio. – Los salvadoreños pierden los derechos garantizados por la Constitución. – La criminalización de la población aumenta el número de detenidos potenciales. |
| Interpretación más laxa de las leyes de mano dura: – Las autoridades aprovechan la legislación vigente sobre pandillas para detener a personas con vínculos débiles con estos grupos. – Designación de aspirantes a miembros y presuntos colaboradores de las pandillas como miembros plenos en las cifras de detenciones policiales. | – Las autoridades pueden reducir las amplias redes de pandillas compuestas por aspirantes y miembros semiretirados, además de colaboradores. – Infla las cifras de detenciones de personas catalogadas como miembros de pandillas. |
| Concentración del poder político: – La alineación entre ejecutivo, legislativo y judicial deja un margen mínimo para objetar las detenciones arbitrarias y los abusos contra los derechos humanos. – La mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa permite al gobierno de Bukele prolongar indefinidamente el régimen de excepción. – La mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa permite al gobierno de Bukele aprobar reformas legales para aumentar las penas de los pandilleros encarcelados y realizar juicios masivos. – El gobierno de Bukele depuró la judicatura en 2021 y nombró a una serie de jueces considerados afines al gobierno. | – La represión de las pandillas puede mantenerse indefinidamente sin oposición política ni apelaciones. – Los miembros de pandillas pasan más tiempo en la cárcel. Los juicios masivos aceleran la condena de los pandilleros. Ambos reducen las posibilidades de que los miembros de pandillas vuelvan a las calles. – El sistema judicial puede convertirse en un arma para garantizar que los miembros y colaboradores de las pandillas permanezcan en prisión sin pruebas. |
Pero aunque el impacto ha sido transformador, las pandillas en El Salvador no están acabadas. De hecho, los propios datos del gobierno contradicen la versión del ejecutivo de que las pandillas han sido completamente derrotadas.
El gobierno afirma haber detenido a 52.541 miembros de la MS13, 13.682 miembros del Barrio 18 Sureños y 10.741 miembros del Barrio 18 Revolucionarios, según un informe de inteligencia policial fechado el 1 de octubre obtenido por InSight Crime. Estas cifras se refieren a pandilleros de pleno derecho (homeboys), aspirantes a miembros (chequeos) y colaboradores. Entre los detenidos había 1.232 líderes de pandillas, 945 de ellos de la MS13.
El informe también señala que el número de “grupos armados de pandillas” es de 53, por debajo de los 97 de 2022 y los 107 de 2020. De estas células, 43 corresponden a la MS13 (80%), mientras que seis pertenecen al Barrio 18 Sureños (11%), y cuatro al Barrio 18 Revolucionarios (9%).
Los mismos informes de inteligencia policial afirman que más de 42.000 homeboys, chequeos y presuntos colaboradores seguían en libertad a finales de septiembre de 2023.
Los datos también revelan que más de la mitad de los detenidos bajo el régimen de excepción no son pandilleros de pleno derecho. Los homeboys representan 32.331 detenciones (42%) a 30 de septiembre de 2023, frente a las 41.733 de presuntos colaboradores (54%) y las 3.435 de chequeos (4%).
Aniquilación territorial
El indicador más claro de la disminución de la presencia de las pandillas en El Salvador es la ausencia de la MS13 y el Barrio 18 en los barrios que antes dominaban. Durante las décadas que precedieron al régimen de excepción, las pandillas ejercieron un importante control territorial en los centros urbanos de todo El Salvador.
En muchas zonas, contaban con una extensa red de miembros de bajo nivel y colaboradores, incluidos vigilantes e informantes, para evitar incursiones no deseadas y establecer normas para los habitantes de las comunidades bajo su control. Las normas iban desde imponer restricciones a la movilidad hasta prohibir la delincuencia común y los delitos graves, como la violación.
Las pandillas imponían duros castigos a los infractores, a pesar de que a menudo incumplían sus propias normas. Los miembros de las pandillas también resolvían disputas entre residentes en lugar de la policía u otras autoridades gubernamentales. Los habitantes podían sufrir represalias por interactuar con las autoridades. En casos extremos, la policía no entraba en territorios donde la MS13 y las dos facciones de Barrio 18 tenían una influencia significativa.
La situación ha cambiado radicalmente desde que se decretó el régimen de excepción. InSight Crime visitó 15 antiguos bastiones de las pandillas en los municipios de San Salvador, Apopa, Soyapango, Ilopango, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Julián, Tonacatepeque y San Miguel, donde los residentes afirmaron que las estructuras de las pandillas habían dejado de operar casi por completo.
Antes del régimen de excepción, era frecuente que se requiriera el permiso de las pandillas para transitar por los territorios en disputa, ya fuera para trayectos cotidianos o para urgencias médicas. En muchas zonas, las pandillas también controlaban la economía local, dictando quién podía vender, qué y dónde.
Ahora, los residentes dijeron que ya no se enfrentaban a la vigilancia casi constante de las pandillas ni a normas estrictas sobre los desplazamientos entre diferentes comunidades. Han recuperado espacios recreativos y comunitarios antes utilizados por las pandillas como puestos de control o lugares de reunión. Los habitantes y los trabajadores comunitarios afirman que, por primera vez en años, han podido poner en marcha nuevos proyectos comunitarios sin la resistencia de las pandillas. El resurgimiento de los torneos de fútbol intercomunitarios en San Miguel y San Salvador, que antes se veían obstaculizados por los límites territoriales establecidos por las pandillas rivales, es solo un ejemplo de cómo las restricciones de estos grupos a la circulación de civiles se han evaporado desde que comenzó el régimen de excepción.
Pocos vecinos dijeron haber visto remanentes de las pandillas en sus barrios. Algunos mencionaron el regreso de pandilleros activos que habían salido de la cárcel, pero afirmaron que estos actores tenían mucho menos poder que antes del régimen de excepción. Los residentes que denunciaron a miembros de pandillas a la policía durante el régimen de excepción dijeron que temían posibles represalias de los pandilleros liberados de prisión, aunque no se han registrado ataques de venganza contra civiles.
Un agente de policía asignado al Centro Histórico de San Salvador, donde los amplios mercados informales eran un foco de actividad de las pandillas, dijo que los miembros de estos grupos desaparecieron tan solo dos semanas después de que se decretara el régimen de excepción.
Otro funcionario de seguridad dijo a InSight Crime que las escuelas están albergando a menores vinculados a las pandillas y pueden constituir el único espacio público donde aún pueden operar los remanentes de estos grupos. Mario Vega, un destacado pastor evangélico que lleva décadas trabajando en comunidades con presencia de pandillas, también señaló la posible presencia de estructuras de pandillas en las escuelas, pero los residentes entrevistados por InSight Crime en Apopa y San Miguel no lo consideraron un problema apremiante.
La situación puede ser diferente en las zonas rurales que inicialmente sirvieron de refugio a los miembros de las pandillas después de que las fuerzas de seguridad empezaran a hacer redadas en los barrios controlados por estas pandillas en las principales ciudades. Los informes esporádicos de extorsión en las zonas rurales apuntan a que siguen existiendo estructuras de pandillas, aunque reducidas
La extorsión se paraliza
Con la gran pérdida de mano de obra y territorio, está claro que las pandillas ya no pueden explotar las economías criminales que las han mantenido a flote durante mucho tiempo.
Anteriormente, la extorsión representaba la principal fuente de ingresos de muchas células de las pandillas en El Salvador. Las extorsiones en mercados informales de los principales centros urbanos, como el Centro Histórico de San Salvador, proporcionaban a las pandillas decenas de miles de dólares de ingresos diarios. Un estudio realizado por InSight Crime en 2021 en los mercados municipales de San Miguel —que albergan más de 5.000 puestos de venta— concluyó que la MS13 podría estar generando ingresos mensuales por extorsión de US$100.000 o más.
La explotación de estos negocios dependía de una extensa red de pandilleros y colaboradores que patrullaban los territorios de las pandillas y recaudaban los pagos. A diferencia de las medidas represivas anteriores, que se centraban en los miembros de las pandillas, la ofensiva de Bukele se ha centrado en las redes más amplias de las pandillas, según datos de la policía. Esto plantea una situación inusual para las pandillas, que ya no pueden confiar en sus enlaces para seguir explotando sus economías criminales mientras resisten las medidas represivas del Estado.
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Antes del régimen de excepción, las pandillas extorsionaban principalmente a las personas que trabajaban para pequeñas y medianas empresas en las comunidades bajo su control.
Las pandillas basaban sus cuotas de extorsión en la riqueza percibida, desde unos pocos dólares al día para los vendedores ambulantes hasta pagos semanales o mensuales de miles de dólares para las empresas más grandes. En los últimos años, las pandillas asesinaron a civiles por no pagar.
Sin embargo, los residentes de los mismos antiguos bastiones de las pandillas visitados por InSight Crime afirmaron que ya no recibían amenazas de extorsión por parte de las pandillas. Y algunos residentes dijeron que no habían sido testigos de ninguna represalia de las pandillas por no pagar las cuotas de extorsión durante el régimen de excepción.
La extorsión en el sector del transporte también parece haber llegado a un punto muerto. Representantes de empresas de autobuses que trabajan en San Salvador dijeron a InSight Crime que las pandillas habían dejado de cobrar extorsiones rápidamente en los días y semanas posteriores al inicio del régimen de excepción.
El propietario de una empresa de autobuses, que antes pagaba unos US$6.000 mensuales de extorsión a las tres principales facciones de pandillas, dijo que había dejado de pagar el alquiler a la MS13 inmediatamente después de que comenzara la represión. Sus pagos al Barrio 18 cesaron en los días y semanas siguientes.
La ampliamente reportada disminución de la extorsión por parte de las pandillas parece haber sido el resultado directo del régimen de excepción, el cual, como se señaló previamente, ha mermado el número de miembros de las pandillas en las calles hasta el punto de que no pueden reunir la presencia física necesaria para exigir y cobrar los pagos de extorsión. Las pandillas solían recurrir a colaboradores o familiares para esta tarea, pero estos aliados también han sido detenidos en masa o tratan de mantener un bajo perfil para evitar ser capturados.
Aun así, múltiples fuentes —incluyendo oficiales de policía, políticos y pandilleros— dijeron a InSight Crime que la extorsión persiste en algunas áreas, aunque a menor escala.
La policía y los empleados municipales de San Miguel, por ejemplo, dijeron a InSight Crime que algunos individuos siguen extorsionando a los vendedores de los principales mercados de la ciudad, a pesar de que la presencia de pandillas en estos establecimientos ha desaparecido casi por completo. Señalaron que estas personas pueden pertenecer a remanentes de las pandillas o ser individuos que actúan por su cuenta.
Cuando se le preguntó al respecto, el alcalde de la ciudad, Will Salgaldo, afirmó que la extorsión no se había erradicado por completo, y que algunos miembros de las pandillas piden ahora “colaboración” a los hogares como fuente alternativa de ingresos a pequeña escala.
Las fuerzas de seguridad de El Salvador han detenido a presuntos extorsionadores sin vínculos aparentes con las pandillas durante el régimen de excepción.
*Con contribuciones de Steven Dudley, Carlos García, César Fagoaga, Bryan Avelar, Roberto Valencia y Juan José Martínez d’Aubuisson.